Ernestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto.
A los funcionarios públicos que pertenezcan a una institución policial de la Ciudad de México que difundan información sobre delitos en la Ciudad de México, donde las víctimas fueron de mujeres, niñas o adolescentes, podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión, luego de lo ocurrido en el feminicidio de Ingrid Escamilla.
En caso de ser servidores públicos que no están en un organismo policial, obtendrían como máximo 12 años de cárcel, en caso también de difundir un crimen que padecieron mujeres, niñas o adolescentes.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 293 al Código Penal para el Distrito Federal.
Éste sostiene que “al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados, con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.
Además, si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de ellos, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el párrafo anterior, se incrementará en una tercera parte.
“Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”, señala el documento entregado a los legisladores.
Mientras que, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en dicho artículo se incrementarán hasta en una mitad.
En un supuesto de que un policía capitalino haya tomado imágenes de un crimen contra una menor de edad, podría recibir hasta 16 años de cárcel, por las dos agravantes
Esto porque tendría una pena de hasta ocho, pero si se le suman las dos agravantes de pertenecer a una institución policial y videograbo un crimen contra una adolescente, que ambas serían de cuatro años cada uno, resulta una pena de hasta 16 años de cárcel.
